Una extensa zona del país fue golpeada por un terremoto y maremoto que alteró gravemente las vidas de millones de chilenos. La reconstrucción es una tarea nacional que requiere unidad y generosidad.
La Concertación exigió contar con un Plan de Reconstrucción, un conjunto de medidas que abordarán el desafío de poner en pié viviendas, escuelas, hospitales, consultorios y obras públicas y recuperar la capacidad productiva.
El Gobierno ideó una propuesta concreta que contiene diversas acciones en estas materias y, también, una fórmula para financiarlas, que implica alzas tributarias, incremento del royalty a la minería, endeudamiento, venta de activos públicos y la recepción de aportes privados.
La primera en llegar al Parlamento fue la creación de un Fondo para la Reconstrucción, donde se canalizarán las donaciones que realicen empresas o particulares y, también, gobiernos y entidades extranjeras.
Hubo discrepancias. La principal fue que sostuvimos que se estaba vulnerando la Constitución, al crear un Fondo, inédito en la historia, administrado por un Comité que encabezaría el propio Presidente de la República, pero gestionado mediante procedimientos privados, lo que no garantizaba transparencia y control en el uso de los recursos.
Nos preocupa que los recursos lleguen a los afectados y no sean asignados a dedo a unas cuantas empresas. La tragedia de tantos no puede transformarse en el negocio de unos pocos.
Ello, fue corregido, las donaciones serán administradas por el Ministerio de Hacienda, conforme a las reglas generales, por lo que la Cámara de Diputados aprobó el proyecto con un gran respaldo.
Se ha salvado una valla de la que tenemos que aprender con miras a los restantes proyectos, particularmente aquéllos que implican modificaciones tributarias. En este sentido, hemos señalado la necesidad de corregir tres aspectos:
Primero, asumir decididamente el rol ineludible del sector público. Los particulares pueden y deben aportar, pero es el Estado el que debe dirigir y orientar la reconstrucción.
Segundo, incorporar la participación ciudadana. La reconstrucción requiere la activa presencia de las comunidades afectadas, a través de sus municipios y de las organizaciones sociales, las que hasta ahora están ausentes.
Por último, es fundamental que la reconstrucción sea integral. Como ocurrió en el terremoto que afectó nuestra zona en 1997, estas tragedias producen graves daños materiales, pero también - y más importante - enormes consecuencias humanas. Se pierden vidas, se destruyen sueños y se alteran formas de subsistencia. Tenemos que enfrentar los efectos psico-sociales, especialmente en los niños.
Necesitamos reconstruir con agilidad y transparencia y aprovechar esta catástrofe para avanzar, también, en distribuir de modo más equitativo la riqueza. Como Concertación estamos comprometidos en ese objetivo y seguiremos colaborando para apoyar las buenas ideas y mejorar las que sean insuficientes o equivocadas.
Muñoz es con Z. Atte. Muñoz
ResponderEliminar