Denuncian intereses ocultos en la huelga de hambre por Caimanes

Se indicó que los dineros que se piden para la gente de este poblado serían administrados por una sociedad cuyos representantes determinarían su destino

La semana pasada, el gerente general de la compañía minera Los Pelambres, Ignacio Cruz, durante una conferencia de prensa efectuada en Illapel, cuestionó los intereses reales de algunos de los integrantes del Comité de Defensa de Caimanes, algunos de los cuales se encuentran realizando una huelga de hambre para exigir, entre otros puntos, el cambio de lugar de este poblado, ubicado en la comuna de Los Vilos, por su proximidad al tranque de relaves El Mauro de esta compañía minera, y también por el pago de $350 millones para cada uno de los habitantes del pueblo que sea mayor a los 18 años.

Esta medida de presión fue iniciada el pasado 28 de septiembre por 11 vecinos de Caimanes, quienes se encuentran en la sede del Colegio de Profesores de Illapel.

Ignacio Cruz indicó que “la gente que está hoy día en huelga de hambre está siendo utilizada para obtener una compensación económica”. Es más, el ejecutivo expresó tener “serias dudas” respecto al destino final de estos dineros. “Gran parte de la gente que está en el Comité de Defensa de Caimanes formó, junto a otras personas, una sociedad a la que irían a parar todos los recursos”, añadiendo que dicha entidad es administrada por personas que no pertenecen al poblado.

Cruz lamentó que estas personas expongan su salud y su vida para defender los intereses de gente de otras regiones.

La entidad a la que Cruz se refiere es la Sociedad Colectiva Civil de Defensa de la Comunidad de Caimanes, que fue constituida por escritura pública el 19 de noviembre de 2008 en la Notaría Salamanca, en la localidad del mismo nombre. Los socios de este organismo son los abogados Sandra Dagnino, Roberto Arroyo y Ramón Ossa, junto al vocero de los huelguistas, Cristián Flores, y 182 vecinos de este pueblo.

Para constituir esta sociedad, los tres abogados aportaron con un millón de pesos cada uno, mientras que los pobladores, en conjunto, contribuyen con los derechos para reclamar los daños y perjuicios supuestamente provocados, los cuales fueron avaluados en 500 mil pesos.

Según los estatutos de esta entidad, la administración, con “amplias facultades”, recae en Dagnino, Arroyo y Flores, quienes, entre otras acciones, pueden distribuir entre los socios los beneficios que se obtengan, pero “conforme a criterios” que fijarán ellos mismos. Es decir, si se interpretan los estatutos, puede darse el caso de que si la minera llega a pagar los 350 millones de pesos a cada poblador, como exigen los huelguistas, estas persona podrían no recibir dinero alguno si así lo determinan los administradores.

En otras palabras, los estatutos sociales facultan expresamente a los administradores y representantes de la sociedad “para distribuir las eventuales indemnizaciones que se fijen por los tribunales a favor de los socios propietarios o habitantes del pueblo de Caimanes, conforme al criterio que fije la comisión de expertos que designen los representantes”.

MINERA. Este mismo grupo de abogados ha representado desde 2008 a los pobladores de Caimanes en distintas causas. Como respuesta, en julio de 2009, Los Pelambre interpuso una querella criminal en Los Vilos en contra de Ramón Ossa, Sandra Dagnino, Roberto Arroyo, Iván Sanhueza y Cristián Flores, por los delitos de asociación ilícita, denuncia calumniosa, prevaricación de abogado, presentación de pruebas falsas y amenazas. El 3 de junio pasado, el Tribunal de Garantía de Los Vilos formalizó a Ramón Ossa y a otros cuatro abogados por el delito de prevaricación. Desde ese momento, comenzó una ofensiva de la gente de Caimanes, cuya acción más mediática ha sido la huelga de hambre iniciada a fines de septiembre.

GENTILEZA DE: DIARIO EL DIA