Lento avance en los acuerdos de mesa de diálogo

Hasta el cierre de esta edición (21:00 horas de ayer) las partes no lograban un consenso para terminar con la toma de los caminos hacia la minera...

Por casi una semana se han extendido las protestas de los pobladores de Salamanca para exigir compensaciones económicas por el derrame de 13 mil litros de concentrado de cobre y agua al cauce del río Choapa que afectó al ducto de Minera Los Pelambres que conduce el mineral desde la cordillera a la costa, hecho sucedido la tarde del sábado pasado. La visita del intendente Ricardo Cifuentes, la noche del pasado jueves, permitió que se retomará la mesa de diálogo entre los vecinos y la minera; y cuya coordinación recayó sobre el alcalde de Salamanca, Gerardo Rojas. Esto ante la negativa de los dirigentes de los manifestantes que en ella participara la gobernadora de Choapa, Guisela Mateluna, a quien responsabilizan del operativo policial ejecutado durante la mañana del jueves. Cifuentes formuló a los dirigentes la voluntad del Gobierno para canalizar las inquietudes de la comunidad, las cuales están relacionadas en su mayoría a abusos de la autoridad para despejar los caminos tomados por las familias que han dicho estar afectadas por este derrame y otros accidentes que han ocurrido en el último tiempo. "Lo que yo he manifestado es que nosotros estamos abiertos y llanos a recibir toda denuncia seria y responsable que se haga por los cauces normales y formales. Ellos han quedado anoche (jueves) de entregarme algunas denuncias no sólo respecto de Carabineros, sino de otros temas también y las vamos a acoger". La mesa de diálogo instaurada sesionó, durante toda la tarde de ayer, y hasta el cierre de esta edición (a las 21:00 horas) no se lograba llegar acuerdo . Los directivos de la minera plantearon que el primer punto a solucionar y que es la base para seguir dialogando es que se restablezca el orden social, por lo que solicitan que se deponga la toma de los caminos, para resguardar a la comunidad y la seguridad de los 2.400 trabajadores que operan en la empresa. Por su parte, los dirigentes de las comunidades afirman que ellos permitirán la bajada de los trabajadores que se encuentran en la mina, pero no un recambio de personal. Esto hasta que la minera cumpla con todas las peticiones realizadas entre los que destacan que la empresa reconozca públicamente que es un agente contaminante del valle y que se efectúe el pago de millonarias indemnizaciones, que alcanzan los 15 millones de pesos para cada uno de los 240 supuestos afectados .

Nota: Lionel Varela Álvarez